Tras haberse publicado el decreto que prohíbe la operación de aerolíneas exclusivas de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) emitió el dictamen final donde aprueba la propuesta enviada por el Ejecutivo federal, argumentando que con esta se busca disminuir la saturación de dicha terminal y evitar riesgos que conlleven a un accidente.
“Derivado del análisis de la información contenida en el AIR (Análisis de Impacto Regulatorio), así como de la lectura del propio instrumento, esta comisión determinó la procedencia de la aplicabilidad del proceso de mejora regulatoria. Derivado de la importancia del sector aeronáutico en México por el volumen de pasajeros y carga transportada, se considera adecuada su emisión”, afirmó en su dictamen final.
El documento, cita que de acuerdo con datos de la Organización de Aviación Civil, en el país de 2015 a 2020 se registraron tres accidentes, mientras que la tasa de accidentes por millón no llega ni al 2.0 por ciento.
Mientras que con datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), de 2006 a 2020 el crecimiento promedio de las operaciones fue de 0.3%, y de 2010 a 2019 se tuvo un alza del 9.5% en el tráfico de pasajeros.
Respecto a la carga, de 2010 a 2020 creció a un promedio de 3.5% a nivel nacional y un 3.2% en internacional, siendo 2018 el año de mayor aumento en el movimiento de carga con más de 909 mil toneladas. Aunque de 2019 a 2020 se registró una baja del 3.0% debido a la pandemia.
Ante dicho dinamismo, dijo que el país requiere atender compromisos en materia de seguridad operacional que traerá un efecto positivo en el traslado de pasajeros y carga, de lo contrario, “se correría el riesgo de que otros países limiten el tráfico proveniente de nuestro países y hacia el mismo y de igual manera, que se incremente de que ocurran situaciones que pongan en riesgo la integridad de las operaciones aéreas, y de los usuarios de estos”.
La Conamer reiteró que en su análisis que realizó al documento, la SICT justificó las acciones regulatorias del anteproyecto y son la mejor opción ante la problemática que presenta el AICM.
Además, informó que dicha dependencia solicitó reducir el plazo de consulta pública previsto en la ley, esto debido a la importancia del anteproyecto en cuestión.
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